La protección policial para los fiscales se asigna después de una solicitud por parte de la Unidad de Protección de Víctimas y Testigos a la Policía, que hace estudio de riesgo y autoriza el apoyo en seguridad. El crimen del fiscal Édgar Escobar, de 43 años, alerta sobre el tortuoso camino para que los funcionarios judiciales puedan acceder a protección policial cuando sus vidas están en riesgo, al investigar casos en los que están implicados criminales peligrosos.
Escobar es el tercer fiscal asesinado en Ecuador en 2022, luego de Federico Estrella, fiscal de Babahoyo, y de Luz Marina Delgado, de la Fiscalía de Manta. Barcelona gana con autoridad en el Capwell y sube al tercer puesto “Hay que tomar decisiones, porque hay algunos protocolos que resultan un poco engorrosos a la hora de solicitar la protección”, reconoció el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, sin precisar cuáles serán los cambios. La vía regular obliga, por ejemplo, a un fiscal a llenar un formulario en la página web del Consejo de la Judicatura, el ente administrador de la Función Judicial, o solicitar la protección al área de Talento Humano o a la Dirección del Sistema de Protección a Víctimas y Testigos de la Fiscalía.
El documento se envía a la Policía, que realiza varias entrevistas para evaluar si el solicitante reúne las condiciones para recibir protección y cuál es el nivel de peligro a que está expuesto el funcionario. Se analizan los casos que lleva, si ha recibido amenazas, cuántas audiencias tiene en un determinado periodo o si ha recibido algún tipo de intimidación. En la entrevista también se mide el grado de riesgo para definir cuál tipo de custodia policial será necesaria y si esta incluye a la familia de la persona afectada. Un medio de comunicación solicitó información a la Fiscalía General del Estado sobre cuántos fiscales han pedido protección policial y cuántos la han recibido, pero no obtuvo respuesta hasta el cierre de esta edición. Fiscalía confirmó, sin embargo, que el fiscal Édgar Escobar, quien investigaba casos como el atentado terrorista en el sector de Cristo del Consuelo y las masacres en la Penitenciaría del Litoral, no solicitó el ingreso al Sistema de Protección.